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updated 11:21 PM UTC, Mar 28, 2017
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Iniciativa Sobre Sistema Penitenciario: Dip. Angélica Zárate

HONORABLE ASAMBLEA:

La que suscribe Diputada María Angélica Zárate Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito proponer ante esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual propongo la adición de los párrafos décimo, décimo primero y décimo segundo al artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, expresando la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

  1. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, estableciendo diversos temas de interés destacando los siguientes:
  1. La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución cambia, dejando atrás (al menos en parte) el anticuado concepto de “garantías individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. La expresión derechos humanos es mucho más moderna que la de garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho internacional.
  2. El artículo primero constitucional, en vez de otorgar los derechos, ahora simplemente los reconoce. A partir de la reforma se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales.
  3. Se incorpora la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales.
  4. Se incorpora el principio de interpretación “pro personae”. Este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.
  5. Se señala, la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
  6. Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos.
  7. Precisa que el Estado mexicano, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.
  8. Se establece, en el artículo 18, que el respeto a los derechos humanos es una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Mediante este nuevo añadido al párrafo primero del artículo 18 constitucional, la reforma del 10 de junio de 2011 subraya que en nuestras cárceles se deben respetar los derechos humanos y que no puede haber un régimen penitenciario compatible con la Constitución que permita la violación de tales derechos. La privación de la libertad de la que son objeto las personas que delinquen, no justifica en modo alguno que se violen sus derechos humanos, ni por acción ni por omisión de las autoridades.
  9. Se adiciona la fracción X del artículo 89 constitucional para efecto de incorporar como principios de la política exterior del Estado mexicano, la cual corresponde desarrollar al Presidente de la República, “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”. Esto implica que los derechos humanos se convierten en un eje rector de la diplomacia mexicana y que no se puede seguir siendo neutral frente a sus violaciones. Si se acreditan violaciones de derechos humanos, México debe sumarse a las condenas internacionales y aplicar las sanciones diplomáticas que correspondan según el ordenamiento jurídico aplicable.
  10. Se faculta a la CNDH para realizar la investigación de violaciones graves de derechos humanos. El ejercicio de dicha facultad se puede dar cuando así lo considere la Comisión o cuando sea solicitado por el Presidente de la República, el gobernador de un Estado, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, las legislaturas locales o el jefe de gobierno del Distrito Federal.
  1. Desde la reforma constitucional señalada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha ocupado de dar seguimiento a los procesos de armonización legislativa que se han llevado a cabo en todos los estados de la República así como en la Ciudad de México, para ajustar los respectivos órdenes jurídicos a los términos de la Constitución Federal y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo anterior, en uso de las facultades que le otorga el artículo 6 fracciones VIII y XIII de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que prevén que la citada Comisión puede proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos. Así como formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos.
  2. Para cumplir con dicha encomienda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos creó la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, que es un sistema que permite medir la cobertura constitucional y legal que sustenta la protección, defensa, promoción y observancia de los derechos humanos a través de un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el avance de la armonización normativa de los mismos en los ámbitos federal y estatal.

En la citada plataforma implementada por el ombudsman nacional, se indica que de las veintiún disposiciones reformadas solo once disposiciones jurídicas deben armonizarse en todas las Constituciones Estatales, de tal manera que de acuerdo a la información que ofrece dicho instrumento, solo los estados cuyas constituciones reflejan un grado de armonización del cien por ciento, son 12: Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa Yucatán y Zacatecas. En tanto que en el Estado de Tlaxcala tiene un avance del 90.9% (noventa punto nueve por ciento) a la armonización legislativa, quedando pendiente únicamente “La obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos”, por lo que se hace necesaria la adición que propongo al artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para cumplir a cabalidad con nuestra encomienda legislativa y de esa manera fortalecer el sistema de derecho en nuestra entidad en materia de derechos humanos.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54 fracción LIX Y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 6, 7, 9 fracción II y 10 Apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; SE ADICIONAN los párrafos décimo, décimo primero y décimo segundo al artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue:

ARTICULO 20.- …Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto al destinado para la extinción de las penas y ambos estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la Ley. Para tal efecto, las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres.

El Estado podrá celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a las sesenta Ayuntamientos del Estado, para la aprobación de las adiciones de carácter constitucional contenida en el mismo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

DIP. MARIA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES