Recordar Ayotzinapa

Javier Risco /El Financiero (México), 5 Jun

 

El 26 de abril pasado escribí sobre Ayotzinapa, se cumplían 43 meses de la desaparición de los normalistas. Muchas veces he dedicado este espacio a manera de recordatorio, el tiempo hace que se diluyan las tragedias excepto en las personas que las sufren en primera persona; recuerdo que ese día me dijo un colega periodista: “¿por qué escribes de eso? No es nota, te lees chairo”.

Mi recordatorio era una pregunta que me he hecho desde el día de la tragedia ¿por qué el Presidente Peña Nieto ha sido incapaz de ir a la Normal Rural Isidro Burgos? Ante una de las mayores crisis de su sexenio ha decidido verla de lejos, ni siquiera sabe cómo son las aulas, los maestros, la vida después de perder a una generación de estudiantes.

Nos perdemos en la coyuntura de la tragedia de hoy y dejamos en el olvido la de ayer, la de hace un año, la de los 43. Insistir es una forma de decirle a las víctimas que algunos seguimos tan indignados como el primer día. Quizá si todos insistiéramos no acumularíamos tantas.

Sin embargo, hoy sí hay nota sobre Ayotzinapa, una que nos recuerda que han pasado investigaciones vacías donde su supuesta “verdad” puede ser derrumbada desde cualquier ángulo.

Ayer, en un hecho inédito, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el Caso Iguala, el tribunal federal concluyó que la investigación de la Procuraduría General de la República no fue pronta, efectiva, independiente, ni imparcial. La tristemente famosa “verdad histórica” que tan cansado dejó a Murillo Karam quedó sin efecto.

De acuerdo con el fallo judicial, la Comisión de la Verdad estará integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación; sin embargo, sólo la CNDH y los representantes de las víctimas decidirán las líneas de investigación y las pruebas a desahogar.

El fallo señala: “Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación […] consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.

De ese modo, entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad, se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”.

Tal vez uno de los puntos más importantes del fallo es la posibilidad de incorporación de más organizaciones de protección a Derechos Humanos, nacionales e internacionales en el proceso. Aquel enfrentamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el gobierno mexicano, a quien señalaron de obstaculizar su investigación, los señalamientos de cientos de testigos que contradicen la versión del Ejército y la policía sobre dónde y cómo fueron los ataques a los normalistas, los múltiples señalamientos de especialistas diciendo que la versión sobre el basurero de Cocula y el final que pudieron tener los jóvenes era inverosímil y la exigencia de justicia que durante más de 3 años han dado los padres hoy tienen un eco fuerte que le dice al gobierno agonizante del saliente PRI que oficialmente la indagatoria judicial más compleja en décadas, la hicieron mal y que hay 43 familias por las que aún se debe buscar verdad y justicia.

Este fallo no sólo es el recordatorio de que a esta administración los derechos humanos no le interesaron, sino que debe ser un botón de muestra para el siguiente gobierno: la exigencia del esclarecimiento de los 43 no se irá en la maleta de Enrique Peña el próximo 1 de diciembre, se quedará junto a la siguiente administración que deberá garantizar respuestas y mecanismos de no repetición.

Y se quedará para ser un recordatorio constante de que cualquier versión por muy oficial que sea, se cae como la credibilidad de todo un gobierno, no sólo ante las víctimas y los gobernados, sino a los ojos del mundo que también ha observado el caso. Hoy recordemos Ayotzinapa.

 

 

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