Corrupción e impunidad

Corrupción, corromper, corrupto, expresiones que han estado presentes desde siempre, pero que en los últimos años y particularmente en éstos tiempos de la 4T, se pretende hacer del combate a dicho fenómeno social, político y económico, la razón de ser del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Corrupción y corromper con llevan a la idea de pervertir, alterar, trastocar, echar a perder, depravar, dañar, viciar, averiar, cohechar, abusar, finalmente, contrario a la ley. Corrupto, la persona que corrompe o que se corrompe.

En el imaginario popular, cuando se habla de corrupción, lo primero que se viene a la mente, es la figura de un funcionario público. Tanta historia y persistencia tiene, que hasta pareciera connatural. Bajo la figura de “funcionario público”, caben todos, lo mismo un burócrata de medio pelo que altos funcionarios y titulares de dependencias públicas, legisladores, jueces y magistrados, policías, inspectores y desde luego, todos los que cabe en la expresión de “máximas autoridades”.

Uno de los aciertos del presidente López Obrador, fue lograr que en el imaginario popular, su persona fuera vista y aceptada como ejemplo y prototipo de no corrupción y de anticorrupción, de ahí su alto impacto social y su alta credibilidad.

Todo ello que cuenta a su favor, puede ahora dirigirse a beneficiar a México, a las y los mexicanos, mediante un sistema de leyes y de instituciones, destinadas a combatir en serio la corrupción, la clave de esas leyes y de tales instituciones, es que las mismas, eviten la impunidad.

En tanto ya no haya espacios para la impunidad, en esa misma medida se irá reduciendo la corrupción. En tanto haya formas de seguir bajo el amparo de la impunidad, la corrupción seguirá gozando de cabal salud. Dígase lo que se diga, y hágase lo que se haga. La corrupción, no se combate con discursos, ni con acciones que al final no logran el propósito de sancionar a los involucrados en los actos de corrupción o peor, que las figuras delictivas, solo contemplen la pena de cárcel y los supuestos sancionados, logren obtener su libertad, para seguir delinquiendo y todavía de dan el lujo de volver a entrar y volver a salir, como si la reincidencia no fuera suficiente para evitar que puedan seguir en libertad.

Más que pedir cárcel para los involucrados en actos de corrupción, cohecho y abusos de toda laya, la verdadera sanción es que devuelvan lo robado y más todavía que lo robado. Este es el tipo de sanción que verdaderamente sería reparador del daño causado.

Evitar que sigan impunes, quienes delinquen “en la calle”, matando, hiriendo, secuestrando, extorsionando, robando, asaltando, es algo que no puede ni debe postergarse, en tanto a la par de la privación de la libertad, también tiene que ser una sanción más que reparadora del daño causado.

Existe mucha materia de Derecho Comparado, que los legisladores pueden aprovechar YA, para legislar sin demora en ambas materias, la propiamente destinada a evitar la corrupción y la destinada a frenar en seco, la creciente ola delictiva que existe en el país. Ojalá las y los legisladores de todos los partidos políticos se pongan a trabajar en serio en estas materias tan urgentes y por fin, poner un alto a la impunidad.

Insisto, si se frena la impunidad, se frenarán la corrupción y la delincuencia.

Además del Derecho Comparado, la administración pública en sus tres niveles de gobierno, particularmente la destinada a la procuración de la justicia, tienen que echar mano de la tecnología, el no hacerlo, seguirá retrasando el cumplimiento de la justicia y por lo tanto, seguirá reinando la impunidad, por lo tanto la corrupción.

En los ámbitos de la procuración de la justicia, de la salud, de la educación, de la investigación, del arte, de la cultura y del deporte, no debe haber argumentos de austeridad que valgan, pues una cosa es cumplir con el mandato de austeridad y otra es estar dando lugar a un austericidio, en detrimento del propio Estado y finalmente del bienestar de la población.

Por lo anteriormente expuesto, es importante que las y los legisladores no pierdan de vista la importancia que tiene el crecimiento económico del país. Si las leyes y las instituciones favorecen las nuevas inversiones y las reinversiones, habrá no solo empleos, habrá también más pagos de impuestos y si hay más pagos de impuestos, habrá suficientes recursos públicos para invertir en infraestructura y para gastar en programas sociales.

Luego entonces, las y los legisladores, los servidores públicos, tienen que ver cómo le hacen para que en México haya más inversiones y qué hacer para evitar que siga reinando la impunidad.