Denuncian e-consulta Puebla y El Popular Acoso del Gobierno de Barbosa

 

El gobierno de Puebla que encabeza el morenista Miguel Barbosa es denunciado en un desplegado aparecido este lunes en medios de comunicación locales y nacionales, de intensificar sus ataques en contra de dos portales críticos, e-consulta del multipremiado Rodolfo Ruiz, y El Popular que dirige la periodista Carolina Fernández.

El desplegado ha sido suscrito por Reporteros sin Fronteras, la Red Nacional de Periodistas, la Red Periodistas de a Pie y el colectivo La Voz de los Desaparecidos; y es respaldado por decenas de periodistas y algunos de los principales medios locales del país, como El Debate (Sinaloa); El Mañana (Reynosa), El Imparcial (Oaxaca); Diario de Chiapas, El Mundo (Córdoba, Orizaba y Tecamachalco).

 

El documento condena el último ataque del gobierno de Barbosa, encauzado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas cuya titular es Teresa Castro Corro. “El 10 de noviembre, e-consulta y El Popular recibieron un citatorio para fines de ejecución de una auditoría por parte de dicha dependencia, que exigió más de 20 documentales desglosados en un plazo de quince días. A e-consulta, de los años 2018 y 2019, y para El Popular, de 2019 y 2020. La medida fiscal fue acompañada además de amenazas de sanciones económicas, embargos y uso de la fuerza pública”, se explica.

A ello suma, la semana pasada, una filtración recogida por un medio afín a Barbosa que da noticia (no confirmada aún) de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Patrimonial del gobierno poblano ante la Fiscalía local (FGE), en contra de Carolina Fernández Galindo, directora de El Popular, por supuesto “lavado de dinero”.

“Sin embargo, no hay indicio alguno de que exista tal denuncia”, aclara el manifiesto al exhibir lo que llama “un intimidatorio hostigamiento administrativo”.

 

La persecución contra e-consulta y El Popular define en buena medida la identidad del gobierno de Puebla entrado en funciones en 2019. Al respecto la principal ong global para la defensa del periodismo y la libertad de expresión, Artículo 19, recapituló el sábado una serie de ataques, hostigamiento y tácticas de desgaste sazonados con demandas judiciales, descalificaciones, campaña de desprestigio, bloqueos informativos y agresiones digitales, desde que Barbosa asumió el poder en Puebla.

Artículo 19 resume que desde enero y febrero de 2020, el gobierno de Puebla desató “un acoso judicial a través de demandas por supuesto daño moral”, contra e-consulta y El Popular. “En el caso de e-consulta el acoso se reproduce por la vía civil, pues se mantienen siete demandas por daño moral en contra del director del medio, las cuáles se encuentran en trámite y cuyas afectaciones alcanzarían un total de 37 millones de pesos en indemnizaciones que pretenden obtener del medio.”

“Es importante señalar que dichas demandas han tenido en común -subraya Artículo 19- una misma estructura de argumentación y un mismo cuerpo de abogados”.

Al respecto, la revista Proceso informó en nota del 5 de marzo de 2020, que “funcionarios allegados al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, intentan acallar al principal medio de información digital de la región mediante lo que parece una estrategia jurídica concertada: presentaron cuatro demandas por daño moral contra e-consulta, cada una por 5 millones de pesos, promovidas por el mismo equipo de abogados y con una argumentación legal semejante a la utilizada por el exmandatario coahuilense Humberto Moreira contra el investigador Sergio Aguayo”.

El desplegado de hoy refiere que el gobierno de Barbosa “sigue los pasos lamentables de sus antecesores: una visible estrategia de ataques, hostigamiento y desgaste contra ambos medios que, como ha confirmado la organización Artículo 19, han sido objeto de descalificaciones y campañas de desprestigio, bloqueos informativos y publicitarios, embestidas digitales y persecuciones judiciales”.

 

En efecto, e-consulta, el portal más leído del sureste y con filiales en Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, libró a lo largo de casi dos décadas duras batallas por la libertad de informar con el antecesor de Barbosa, el panista Rafael Moreno Valle, y asimismo durante el sexenio del gobernador priísta Mario Marín.

El desplegado describe que históricamente, el estado de Puebla “ha sido testigo de las prácticas autoritarias cometidas por los gobernadores a lo largo de largas décadas. Políticos que, con el poder absoluto, sin contrapesos en los poderes legislativo y judicial, han hecho un uso faccioso de los instrumentos del Estado a cargo del ejecutivo”.

“Mandatarios intolerantes, acostumbrados a aplicar la mordaza y la persecución judicial como una forma de control del periodismo crítico e independiente”, concluye.

En agosto pasado, el portal Animal Político reveló que la administración de Barbosa Huerta “destinó más de 19.8 millones de pesos a la compra de equipos y capacitaciones para Geomatrix, un programa de vigilancia israelí que en México se utiliza para intervenir celulares y mensajes”. El dato recuerda algo similar realizado en el gobierno de Peña Nieto, cuyos funcionarios intervinieron a través del programa Pegasus a algunos de los más importantes periodistas e intelectuales mexicanos.