Guatemala: La Oportunidad que Tenemos

Edgar Gutiérrez /El Periódico (Guatemala), 26 Feb

 

Cuando se analice, con la distancia del tiempo, la década de la CICIG *, quizá lo más relevante, por inédito, sea la exposición forzada de nuestras miserias acumuladas bajo la vista de la alfombra gorda, y perfectamente reflejadas en la desigualdad social en todos los rincones del país. Demasiadas formidables torres –viejas y nuevas– que pueblan nuestro paisaje metropolitano estaban construidas –ahora lo sabemos, es “verdad jurídica”– lejos de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, para decirlo en los términos de Max Weber, a pesar de que parecía lo contrario.

La materia impresentable de buena parte de nuestras torres fabulosas ha sido desvelada, y no es chisme ni ataque ideológico, es evidencia judicial.

Estamos ante una variante del cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador, del cual se han extraído numerosas lecciones, como: “No tiene que ser verdad lo que todos han pensado que es verdad”.

La suerte de Guatemala en la impredecible ruta del siglo XXI dependerá de cómo procesemos el hallazgo del “rey desnudo”. La actitud para enfrentar el desafío no nacerá de falsos moralismos ni nacionalismos retóricos. Tampoco de las viejas y desgastadas trampas del diálogo de gatopardo y su insufrible, árida pose.

La ruta va a depender de un realineamiento esencial de fuerzas sociales y políticas, que ya comenzó a ocurrir. El verdadero indicador de la transformación será que ninguna arquitectura institucional, pública o privada, quedará intacta. La oportunidad que tenemos es única: construimos un Estado de derecho o seguimos con la farsa, hasta que en el fondo del barranco digamos ¡ayyyy! Aceptamos la aplicación por igual de las leyes, o seguimos quejándonos del debido proceso y presunción de inocencia, pues la ley era para los otros, mientras la “justicia”, para nosotros.

En efecto, nuestras leyes violan los derechos humanos con procesos retardados, amparos maliciosos y prisión provisional indefinida. Pero quien dijera eso hace apenas dos años era un “defensor de delincuentes”, y no de seres humanos en la civilización.

La crisis obliga a sincerarnos y ser menos arrogantes. Hay que desaprender a ser dueños absolutos de vidas, bienes y verdades irrefutables.

Y hay que aprender a perder el temor reverencial y sacudirnos el servilismo.

 

La oportunidad que tenemos es única porque no caímos (aún) al abismo, y podemos asomarnos desde el borde para cambiar la ruta, pero sin autocomplacencias y diciendo las cosas como son: hay mucha bondad y buena fe en nuestro medio, pero somos una sociedad corrupta; contamos con héroes emprendedores y líderes que se atreven a cambiar su vida y la de los demás, pero si no saneamos las aguas podridas seguiremos ahogándonos en ese estanque.

Sincerarnos significa aceptar que acá ocurrieron crueldades contra “el otro” a las que el traje “genocidio” les queda estrecho.

Que la responsabilidad social es acudir a lo esencial del entorno: rescatar la vida digna, ir a las raíces del hambre y la desnutrición y esforzarnos por entender a ese “otro”, diría Sergio Ramírez.

Esta es la reflexión a la que invito a empresarios, políticos, profesionistas y sindicalistas. Los parámetros no pueden ser maniqueos, pues no se trata de una batalla entre ángeles y demonios, sino de asumir la ética de responsabilidad ante la vida en una sociedad históricamente desigual.

Mucho dependerá de la capacidad de transformación de los empresarios, pero sería insuficiente sin el concurso de políticos, intelectuales y de la burocracia del Estado, entre otros muchos.

 

NOTA

*Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, creada el 12 de diciembre de 2006 por común acuerdo de la ONU y el Gobierno de Guatemala. El comisionado a cargo para el periodo 2014-2019 es el fiscal colombiano Iván Velázquez Gómez. La CICIG fue autorizada por la Honorable Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala en mayo de 2007 y aprobada en agosto de ese año por el Congreso nacional. La finalidad del CICIG es actuar como instancia de apoyo al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en tres frentes: 1) Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos de derechos humanos fundamentales de los ciudadanos e identificar sus estructuras, actividades, operación y financiamiento (incluyendo vínculos con funcionarios del Estado); 2) Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes; y, 3) Hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para tal fin. Desde su instalación, la CICIG ha investigado unos 15 asuntos que van desde la ejecución extrajudicial de reos (caso Pavón y Parlacen, 2016) hasta delitos de presidentes de la nación (caso Alfonso Portillo, implicado con militares en cobro de cochupos al embajador de Taiwán, 2008-2009; caso Otto Pérez Molina, implicado en un complejo esquema de lavado de dinero y la operación de una red de defraudación en las aduanas del país, empleada para financiar la campaña presidencial del Partido Patriota en 2011).

 

 

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