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Desde el primero de septiembre de 2018, al iniciar la LXIV Legislatura federal, aún sin concluir la administración del presidente Peña Nieto, diputados y senadores de Morena y aliados, pretendieron iniciar con diferentes reformas en muy diversos ámbitos del quehacer nacional. El asunto es que todo lo que tuviera que ver con la administración pública federal y que es facultad del Ejecutivo, tendría vigencia a partir del primero de diciembre de 2018.
Porfirio Muñoz Ledo y Ricardo Monreal, cabezas visibles en el Poder Legislativo federal, del proyecto de cambio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que entró en funciones el pasado primero de diciembre pasado, ambos con amplias y largas trayectorias en la administración pública y en el quehacer legislativo, “viejos lobos de mar”, dirán muchos, saben perfectamente bien, qué requisitos deben cubrir las reformas legislativas y las nuevas leyes, para garantizar su efectividad.
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Por ello, causa extrañeza, que sabiéndolo, no hayan cuidado cada una de las condiciones de tiempo, forma y lugar, para afianzar la vigencia de las nuevas leyes y de las reformas aprobadas durante éstos primeros cinco meses. Incluso, de decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo federal y que pueden tener costos económicos que mermarán la capacidad presupuestal del propio Ejecutivo, en particular en cuanto a decisiones que no tienen ni tendrán retroactividad legal, mucho menos regresividad, tratándose de actos o hechos vinculados a derechos humanos.
Me parece que tanto Monreal como Muñoz Ledo olvidaron lo más obvio y de la más sencilla sabiduría, ir “despacio, porque hay prisa”. Pareciera que se está legislando “sobre las rodillas”, de prisa, muy de prisa, demasiada prisa, y eso, para un proyecto de gobierno, de cambios profundos, no es la mejor estrategia.
Si de verdad se quiere dar paso a lo que se ha denominado Cuarta Transformación, hay que hacer un alto y repensar lo que se hizo en éstos cinco meses y retomar el camino de los cambios, corrigiendo lo que se tenga que corregir (que al final, va a ser más barato, que mantener los errores legislativos y las decisiones, ya tomadas) y trabajando las nuevas iniciativas, dándose el tiempo para escuchar todas las posiciones y diseñar las nuevas leyes en un entramado que vaya dando lugar a una nueva arquitectura legal e institucional verdaderamente más democrática y menos corruptible.
Por ello nuevamente insistiré que Monreal y Muñoz Ledo, son los mayores responsables de hacer posible la Cuarta Transformación. Muñoz Ledo más, en tanto el había venido impulsando un proyecto de Reforma de Estado que no veo esté trabajando ahora que tiene y cuenta con todas las posibilidades para hacerlo realidad. Es evidente que Muñoz Ledo no tendrá otra oportunidad de oro, como la tiene ahorita, por lo cual, en el caso de Muñoz Ledo, es ahora o nunca.
“Sería una pena”, escribió Rolando Cordera el 16 de diciembre pasado en La Jornada y apunta algo que es vital, urgente, que los asesores y seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, “… en el más alto nivel del poder constituido, tienen que asumir y decir la verdad: sin reforma fiscal la cosa no va. Y sería una pena.” Agregaría, sería una pena que Muñoz Ledo no dejara legislado un Estado reformado.
Del mismo Rolando Cordera, retomo lo escrito por él en el mismo diario, apenas el pasado 10 de enero del presente 2019: “En medio de la confusión y ofuscación, el gobierno ha emprendido una reforma administrativa de gran calado. Sin consideraciones claras sobre sus costos e implicaciones para el servicio público… mientras no haya una reflexión plural y sistemática sobre lo que está en curso, mientras los diputados no se hagan cargo de sus decisiones y omisiones presupuestarias, tienen consigo inevitablemente la sombra de tomar decisiones atrabiliarias. Los derechos creados y consagrados… en el ámbito laboral público, de ninguna manera son asunto menor de una reforma como la lanzada. Los amparos y otros reclamos pueden propiciar un quebranto considerable de los ingresos presupuestados…”
Esto es muy claro. Los legisladores federales, antes de llevar a buen puerto una reforma legislativa, tienen que considerar los costos económicos de la misma, para que antes de entrar en vigor, se cuente con los recursos económicos necesarios para llevarla a cabo.
Vale la pena repensar cada paso que se está dando.