Asimismo externaron su preocupación por la desaparición el jueves, horas después del mensaje presidencial, del periodista Salvador Adame en Michoacán y la ejecución el sábado de los activistas huicholes Miguel y Agustín Vázquez Torres.

Simultáneamente, el alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Jan Jar, enlistó los asesinatos de los hermanos Vázquez; del activista tzotzil Guadalupe Huet Gómez anteayer lunes; de los líderes rarámuris Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro en Chihuahua a comienzos del año y de varios vecinos de la comunidad michoacana Arantepecua, acaecidos estos el 5 de abril.

La ola de reclamos arreció tras que el presidente Enrique Peña se comprometiera, hace una semana, a proteger a los periodistas en respuesta a las protestas internacionales por el asesinato en Culiacán del escritor y periodista Francisco Valdez, a lo que siguió 24 horas después la desaparición en Michoacán el periodista Salvador Adame, y las ejecuciones de los hermanos Vázquez en Jalisco, el sábado, y del activista tzotzil Huet Gómez en Chiapas, el lunes.

Los nuevos reclamos al gobierno de México se suman a los previos de otras naciones, entre las cuales Chile, Alemania, Argentina, España, Venezuela, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, así como de la OEA y diversos organismos no gubernamentales nacionales e internacionales.

“Ante la alarmante reincidencia de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos en el país, instamos a las autoridades mexicanas competentes a hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y de las personas que ejercen el periodismo en México”, coincidieron Noruega y la UE a través de un comunicado conjunto.

Por separado, Jan Jar hizo ayer un llamado a las autoridades para que “lleven a cabo una investigación exhaustiva, diligente e imparcial en aras de encontrar a los responsables materiales e intelectuales y así asegurar que estos casos no queden en la impunidad”.

A pesar de que el gobierno de México mantiene desde hace una década unos 200 mil soldados desplegados por todo el país, durante el presente sexenio se han multiplicado los ataques mortales e impunes contra periodistas y defensores independientes de derechos humanos. Sólo en lo que va de 2017 han sido ejecutados o desaparecidos en México 7 periodistas y al menos 7 activistas.

Hasta el momento, ninguno de los homicidas ha sido ni identificado ni aprehendido por las autoridades. Cifras extraoficiales estiman en 99.75% el nivel de impunidad en esta clase de crímenes de perfil propiamente político.

Durante la anterior presidencia del panista Felipe Calderón, las autoridades omitieron investigar incontables homicidios y desapariciones con el argumento de que las víctimas “debían algo”, atribuyeron los crímenes a presuntas disputas entre carteles de narcotraficantes, y en los casos que implicaron a militares y policías, el propio presidente se limitó a justificar esas muertes con la expresión “víctimas colaterales”.

CASO HERMANOS VÁZQUEZ

Miguel Vázquez y su hermano Agustín, dos líderes de la comunidad huichol Wixárrica, fueron ejecutados el sábado con horas de diferencia en dos ataques distintos.

El profesor Miguel, ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y asesor de la secretaría local de Educación, fue atacado hacia las 6 de la tarde del sábado en el poblado Kuruxi Manuwe del municipio Tuxpan de Bolaños.

Unas horas más tarde, Agustín fue cazado al salir del hospital donde era atendido su hermano por criminales que acecharon pacientemente y huyeron en un vehículo Toyota Tacoma. A pesar de mediar amenazas de muerte contra los Vázquez Torres, ni policías ni militares resguardaron el hospital donde era atendido infructuosamente Miguel, y así los asesinos pudieron actuar libremente contra el hermano.

El antecedente inmediato de los homicidios de los hermanos Vázquez Torres es una disputa con ganaderos de la región de Huajimic, en la frontera de Jalisco y Nayarit, a los que los hermanos lograron arrancar legalmente casi 200 hectáreas de las 10 mil que los hacendados invadieron ilegalmente durante el último medio siglo.

Otro antecedente concierne al anuncio de Miguel sobre la inminente formación de una policía comunitaria para la defensa de la etnia indígena, según ha informado el portal Aristegui Noticias.

La fiscalía de Jalisco se apresuró a culpar de ambos ataques, en redes sociales y un comunicado oficial, a una supuesta célula criminal, sin ahondar en los detalles de tal hipótesis ni dar explicación acerca del no resguardo del hospital por las autoridades. Sin embargo, ayer el fiscal informó que el alcalde de Tuxpan y los policías municipales fueron interrogados y que tras catear sus casas “se encontraron uniformes militares falsos, chalecos tácticos, armas y droga, aparentemente cristal”.

CASO HUET GÓMEZ

En las primeras horas del lunes, el tzotzil Guadalupe Huet Gómez, un activista y consejero de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), fue asesinado por desconocidos en el cementerio de la comunidad de Cruzton, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.

Guadalupe Huet cuidaba el panteón de saqueadores, además de coadyuvar en la defensa de las tierras y los usos y costumbres del municipio. Según la ONU, Huet Gómez habría sido asesinado por un comando armado con armas de fuego, y no con machetes como es habitual entre indígenas de la región de Los Altos de Chiapas.

Las autoridades de dicho estado gobernado por un mandatario emanado del PVEM y respaldado por el PRI, no han dado hasta el momento información oficial acerca del asesinato del líder tzotzil.

Con información de Tribumagazine.net, El Financiero.com, El Universal.com.mx, Contralinea.com.mx, SinEmbargo.mx, AnimalPolitico.com, ElPais.com., Aristeguinoticias.com y Jornada.unam.mx