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La decisión del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de realizar una consulta para que los ciudadanos aprueben si se debe o no juzgar a los cinco mandatarios que gobernaron México entre 1988 y 2018 si han cometido algún delito no solo no tiene precedente en el mundo occidental, sino que abre una profunda grieta en el Estado de derecho.
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El manejo político de la iniciativa pone en entredicho el respeto a la independencia del poder judicial, de la que tanto ha carecido el país norteamericano y que el propio López Obrador se comprometió a devolver.
El mandatario decidió presentar ante el Senado la solicitud de la consulta, con la garantía de que su partido, MORENA, cuenta con una amplia mayoría en las Cámaras junto a la coalición que le aupó al poder. Grupos ciudadanos impulsaron también una recogida de firmas en el mismo sentido.
Con su decisión, el presidente mexicano pone en un brete político a la Suprema Corte de Justicia, que será quien deba decidir sobre la viabilidad de la consulta.
El brete es político porque caben pocas dudas jurídicas sobre su imposible encaje legal: en una democracia, es la justicia —jueces y fiscales— la que toma esa decisión. No el poder ejecutivo ni el legislativo ni las votaciones populares.
La maniobra, también política, de López Obrador es tan electoralista —se celebraría el mismo día que los comicios locales de 2021— como innecesaria para alguien que llegó al poder con un apoyo abrumador y cuya gestión goza de un gran respaldo entre la población. El presidente ha insistido en que, si por él fuera, no iniciaría ningún proceso contra sus antecesores. Pero al mismo tiempo ha jugueteado con la idea de forma permanente y finalmente la ha puesto en marcha.
La inmensa mayoría de los mexicanos, según todas las encuestas, incluida una reciente de este periódico, desea que se juzgue a los expresidentes en caso de que hayan cometido algún delito. Decidir eso es tarea exclusiva de la justicia, cuya independencia López Obrador socava al apuntar a “zonas grises del marco legal” que, en su opinión, hacen necesaria la consulta.
Los cinco expresidentes a los que López Obrador ha decidido citar con nombre y apellidos en su pregunta no tienen procesos judiciales abiertos.
Las acusaciones que les lanzó el mandatario en la solicitud de la consulta ni tienen relación entre sí ni está claro que sean delitos.
Si así fuera, y dado que hay leyes y mecanismos para castigarlos, no hay ningún motivo para consultar y sí para que la justicia haga su trabajo sin presiones de ningún tipo. Si López Obrador tiene pruebas de delitos cometidos por los exmandatarios, que las ponga en conocimiento de la justicia, y que éstos sean juzgados.
Sin consultar. Es su deber como presidente.
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Peligrosa consulta / Editorial, El País (España), Septiembre 17