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Sin Posición / Editorial, El País (España), 12 Feb
La primera sesión de control al Ejecutivo en esta legislatura tuvo como asunto destacado el encuentro mantenido por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la que pesan sanciones acordadas por la Unión Europea.
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El ministro Ábalos no consiguió despejar las dudas acerca de cómo pudo llegar a España la dirigente venezolana, pese a tener prohibida la entrada en el territorio comunitario, y también el sobrevuelo. Tampoco aclaró el contenido del encuentro. Con lo que sí contó en todo momento fue con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien reiteró el argumento de que Ábalos acudió al aeropuerto para resolver una crisis diplomática.
Más allá de que el Gobierno siguiese sin ofrecer detalles sobre en qué consiste esa crisis, tantas veces alegada, resulta difícil comprender por qué el encargado de resolverla fue el ministro de Transportes y no la titular de Exteriores, Arancha González Laya, o un alto responsable de ese ministerio.
Las evasivas del Ejecutivo terminaron por abrir un frente político distinto, sobre el que, sin embargo, los representantes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox no llegaron a interesarse. Sánchez pareció sugerir un giro en la política exterior española hacia Venezuela al tratar a Juan Guaidó como “jefe de la oposición”, retirándole aparentemente la condición de presidente encargado que él mismo le había concedido. La posterior aclaración del Gobierno, asegurando que no hubo intención política en esa reducción de estatus, volvía a obviar el núcleo del problema, que no es otro que explicar por qué Sánchez no lo recibió durante su reciente estancia en Madrid.
Estos y otros silencios parecen haber provocado el sortilegio de corroborar todo cuanto el Gobierno se esfuerza en desmentir.
Por lo demás, nada pasaría si las posiciones que mantiene hoy el Gobierno respecto a Venezuela no fueran las que defendía ayer, a condición de que las razones del cambio se presentaran con claridad y de que se gestionara diplomáticamente ante las partes. Por el contrario, el obstinado cierre de filas como única respuesta ha suscitado la incomprensión de los venezolanos, el malestar de Estados Unidos, la desconfianza de las cancillerías latinoamericanas y la perplejidad de los socios europeos.
La oposición, a este último respecto, no ha asumido en ningún momento el deber de minimizar el deterioro de la posición internacional de España por este episodio cada vez más enrevesado, buscando, por el contrario, un beneficio político inmediato.
Lo hizo este martes en el Europarlamento y lo volvió a hacer en la sesión de control celebrada ayer. Las preguntas que formularon sus distintos representantes fracasaron tanto a la hora de obtener una explicación de la presencia en España de Delcy Rodríguez, como a la de aclarar si el Gobierno ha optado por otra política hacia Venezuela, y en qué consistiría esta en caso afirmativo.
El espectáculo ofrecido por la oposición, primero en Estrasburgo, y después en el Congreso de los Diputados, solo ha contribuido a proyectar una imagen internacional de España como socio inestable, sin posición conocida en una de las más graves crisis que vive América Latina y sin un consenso interno que garantice que vaya a haberla.
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