Todos los Presidentes son Deportadores en Jefe

Traducción Código Tlaxcala del editorial del NYT del 3 de julio, All presidentes are deporters in chief

Cada persona que asume el título de presidente de los Estados Unidos toma también el papel de deportador en jefe.

Esto se debe a que con la oficina llega la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de la nación -leyes que exigen que las fronteras sean seguras y que las personas no autorizadas legalmente para vivir aquí sean deportadas, después de brindarles un proceso debido.

A menos que se cambie la ley, esto no debería ser una aserción provocadora, no lo fue hasta hace poco. Pero las pasiones inflamadas acerca de la accidentada aunque orgullosa tradición inmigrante del país, condujo a sacar -a lo largo del consenso bipartidista sobre la reforma al sistema de inmigración- muchas verdades complejas del debate político nacional.

La pregunta real no es si el presidente es o no el deportador en jefe, un apodo dado por defensores de los derechos de los inmigrantes al presidente Barack Obama y ha resurgido recientemente en los ataques contra el ex vicepresidente Joe Biden.

La pregunta más importante es qué tipo de deportador en jefe elige ser cada presidente.

La definición de “deportación” (deportation) es complicada, lo cual hace imprecisa la comparación de las políticas de diferentes administraciones presidenciales, y propensa a la politización. Además, los niveles de inmigración, legal e ilegal, varían mucho con el tiempo por varias razones, incluidas las condiciones económicas en los Estados Unidos y el país de emigración, la época del año y las políticas puestas en marcha por las diversas administraciones.

El gobierno usa dos palabras cuando habla de deportaciones: remoción y retorno. Una supresión o “remoción” (removal) se refiere a alguien que ha sido boletinado por una corte o directamente por un agente de la patrulla fronteriza para que abandone el país; mientras que una “devolución” (return) se refiere a alguien que es regresado en la frontera de México o Canadá -por ejemplo- sin haber recibido una orden formal de expulsión.

Sumados, esos dos números pueden ser una medida global de las deportaciones. Pero el total de las dos categorías oscurece las diferencias significativas entre ambos procederes. La remoción obligatoria a menudo significa desarraigar a los residentes de larga data que pueden tener familias y poseer propiedades o negocios, a las que luego se les impide regresar a los Estados Unidos por un período de años. A menudo no existe una sanción legal directa para las personas que voluntariamente deciden abandonar el país y se cuentan como “devueltas”.

En términos del total de gente, la marca de agua más alta para deportaciones llegó en el año 2000 bajo el mandato del presidente Bill Clinton, cuando más de 1,860,000 personas fueron retornadas a través de una combinación de remoción y devolución. Hubo alrededor de nueve personas devueltas por cada persona removida, según un conjunto de datos compilado por la Oficina de Estadísticas de Inmigración que intentó armonizar las expulsiones y las devoluciones desde 1927 en los Estados Unidos.

Durante la administración de George W. Bush, el número de personas removidas fue superado cada año por el de personas devueltas. Durante su último año en el cargo, casi 360,000 personas fueron removidas y más de 810,000 regresadas, en promedio una persona removida por cada dos devueltas.

Bajo el presidente Obama, el número de expulsiones se disparó mientras que el de personas devueltas disminuyó. Ese cambio en el equilibrio fue impulsado por un énfasis del gobierno en las remociones y también por la recesión, lo que provocó menos cruces ilegales. Menos cruces, menos regresos.

El número máximo de retiros obligatorios se produjo durante el tiempo de Obama, en 2013, cuando se expulsó a más de 432,000 personas. Ese mismo año, casi 179,000 fueron devueltas, una proporción de 2.4 personas removidas por cada persona devuelta.

Adicionalmente a las deportaciones, el manejo por parte de Mr. Obama de la población inmigrante no autorizada incluyó además el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que permitió a cientos de miles de jóvenes traídos al país ilegalmente evitar la deportación y obtener permisos de trabajo. Si bien el Sr. Obama dijo que apoyaba una reforma migratoria integral, los esfuerzos para ganar el apoyo de los republicanos en el Congreso no tuvieron éxito.

Según los números, el último año de la administración de Obama se parece al primer año de la administración de Trump. En 2016 y 2017 -último año para el cual se dispone de información- se expulsó aproximadamente a tres personas por cada persona devuelta.

A diferencia de sus antecesores, el presidente Trump, cuya campaña se construyó sobre una base de indignación y la exageración de la amenaza planteada por los inmigrantes, ha abrazado el papel de jefe de deportación, con una aparente indiferencia al costo humano de sus duras políticas.

Si bien su gobierno no ha retirado aún por la fuerza a muchas más personas por año que sus antecesores, Trump ha hecho que todo lo que precede a un golpe de Inmigración y Aduanas a la puerta sea más frustrante e incluso deshumanizante.

Así es como un informe reciente del Times describió un centro de detención de inmigrantes en Clint, Texas, que se construyó durante el gobierno de Obama pero se saturó con el de Mr. Trump: “Los brotes de sarna, herpes y varicela se propagaron entre los cientos de niños y adultos que están siendo retenidos en celdas apretadas, dijeron agentes. El hedor de la ropa sucia de los niños era tan fuerte que se extendió a la propia ropa de los agentes: la gente de la ciudad se apretaba la nariz cuando salía del trabajo. Los niños lloraban constantemente. Una chica parecía a punto de intentar suicidarse, ya que los agentes la hicieron dormir en un catre frente a ellos para que pudieran verla mientras procesaban a los recién llegados”.

Esta semana, Mr. Trump anunció una nueva serie de redadas por parte de ICE en al menos 10 ciudades, con el objetivo de arrestar a miles de personas que han recibido órdenes de expulsión.

“Estamos enfocados en los criminales”, dijo Trump el viernes, esquivando la verdad de que las políticas de línea dura de su administración hacen poca o ninguna distinción entre las personas que representan un riesgo real y las que no asisten a una cita en la corte de inmigración.

La administración, por ejemplo, advirtió públicamente sobre arrestos colaterales como parte de las nuevas redadas, amenazando con detener a otros inmigrantes no autorizados que están en la escena (niños u otros familiares, quizás), incluso si no son los objetivos principales de la redada.

La publicidad sobre las redadas ha sacudido a las comunidades de inmigrantes, como claramente pretendía la administración. Para Mr. Trump ha sido una guía principal la disuasión de la inmigración ilegal -si no por medio de un muro, mediante la crueldad hacia los migrantes, desde separar a los niños de sus padres hasta las miserables condiciones de los detenidos en las instalaciones.

“Es el enfoque completo, enfocado al 100 por ciento en las opciones más duras lo que disuadirá la afluencia, sin tener en cuenta la gestión de lo que está ocurriendo”, dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a The Times a principios de este año. “Tenemos muchas más familias, muchos más niños no acompañados, y nos hemos centrado en cómo podemos disuadir, más que en cómo podemos manejar”.

Pero la disuasión por sí sola no puede explicar un montón de otras medidas -por ejemplo, la reducción de un programa que protege a las familias de los militares y veteranos de ser deportados. No explica el esfuerzo frenético, pero insuficiente, para preguntar sobre la ciudadanía en el censo, lo que los expertos acuerdan que conduciría a un recuento insuficiente de personas en comunidades con muchos inmigrantes. La disuasión tampoco explica la eliminación de las protecciones de deportación de casi un millón de personas que viven en el país bajo los auspicios de programas humanitarios o porque fueron traídos al país siendo niños.

El Pew Research Center ha estimado que hay 10.5 millones de personas que viven en los Estados Unidos sin la debida autorización, por debajo de un máximo de más de 12 millones hace una década. Los residentes a largo plazo superan en número a los recién llegados.

La encuesta realizada durante muchos años ha encontrado un amplio consenso entre los estadounidenses de que las deportaciones masivas de los inmigrantes no autorizados no son la respuesta. Los estadounidenses quieren algunas restricciones de inmigración y más seguridad fronteriza; pero no la construcción de un muro fronterizo.

A pesar de la amplitud del centro político, los líderes de los dos partidos se ven empujados a extremos cada vez mayores acerca de la cuestión. Los pedidos para abolir la ICE, que fueron un refrán común de los demócratas el verano pasado, parecen haberse desvanecido.

Pero la inmigración ha sido una pieza central de la campaña presidencial primaria y seguramente se destacará en la carrera contra un presidente Trump en ejercicio en el 2020. Consultado en un debate sobre la despenalización de los cruces fronterizos ilegales, casi todos los candidatos de primer nivel indicaron que apoyarían ese paso, que algunos han comparado con el “equivalente federal de una multa de estacionamiento” y eliminaría castigos como la separación familiar y la detención.

Jeh Johnson, quien se desempeñó como secretario de seguridad de la patria en el gobierno de Obama, advirtió recientemente que el flirteo con cambios radicales en las leyes de inmigración del país corre el riesgo de enviar la señal equivocada. “Esto equivale a una declaración pública (repetida y amplificada por contrabandistas en Centroamérica) de que nuestras fronteras están efectivamente abiertas para todos; esto aumentará los recientes niveles de aprehensiones mensuales en nuestra frontera sur, alrededor de o más de 100,000, por múltiplos “, escribió Johnson en The Washington Post.

Cualquiera que sea el demócrata que termine desafiando por la presidencia a Mr. Trump, sería correcto llamar a un cambio fundamental de las crueldades de la administración actual. Pero mientras Estados Unidos quiera tener fronteras seguras, la inmigración representará concesiones dolorosas para cualquier presidente. Algunas personas entrarán, otras se mantendrán alejadas, y otras se verán obligadas a irse. Cualquier esfuerzo significativo para reformar el enfoque degradante del país hacia los migrantes, se desmoronará si se pretende que un presidente simplemente pueda ignorar tales elecciones.

El próximo presidente debe estar listo para asumir el papel de deportador en jefe, y poder especificar quién será removido del país y quién no.

CAMBIO DE PRIORIDADES PARA DEPORTACIONES

Las deportaciones se dividen en dos categorías: “devoluciones” y “retiros”. Las personas que son “retiradas” han recibido una orden de deportación de un tribunal. No son elegibles para regresar a los Estados Unidos por un período de años. Las personas que se consideran “devueltas” han regresado a Canadá o México, por ejemplo, después de un proceso administrativo y no enfrentan sanciones legales por haber estado en el país sin autorización.

Aquí hay cuatro fotos instantáneas de deportaciones en cuatro administraciones. El volumen de deportaciones puede depender en gran medida de la condición de la economía en los Estados Unidos, así como de los países de donde emigran los migrantes y de las políticas implementadas por diferentes administraciones.

Cada figura = 10,000 personas Fuente: Anuario 2017 de Estadísticas de Inmigración

TRUMP

La administración Trump heredó una infraestructura de deportación de su antecesor. El desglose entre las personas devueltas y eliminadas en 2017 (el último año para el que se dispone de datos comparables) es similar al último año de la administración de Obama. El Sr. Trump también cambió la conversación pública sobre deportaciones de inmigrantes que habían sido condenados por cometer delitos graves a cualquier persona que viviera en el país sin autorización.

OBAMA

El gobierno de Obama dio prioridad a los retiros, especialmente de los delincuentes, sobre los retornos, ya que buscaba obtener apoyo para una reforma migratoria integral. La implementación de Comunidades Seguras al final de la administración de Bush vio mayores iniciativas de colaboración entre ICE y las autoridades locales para usar los datos de huellas dactilares para identificar a individuos para deportación. Este programa permitió redadas, dirigidas a posibles deportados dentro y fuera del sistema carcelario y potenciales delincuentes inmigrantes. En 2012, el Sr. Obama firmó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que protegió temporalmente a unos 700,000 jóvenes de la deportación. El número de retiros anuales alcanzó un máximo histórico en 2013.

BUSH

A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la seguridad de la frontera recibió una atención renovada, pero el gobierno de Bush siguió dando prioridad a los retornos más informales sobre los retiros. Durante sus ocho años en el cargo, más de 8 millones de personas fueron devueltas, mientras que unos 2 millones fueron removidos.

CLINTON

La década de 1990 vio una economía en auge y un giro hacia políticas más severas para los inmigrantes legales e indocumentados. La Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva y la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante aumentaron el número de categorías de actividades delictivas que podrían hacer que los inmigrantes, incluidos los titulares de la tarjeta verde, sean deportados y puestos en detención según sus casos.

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Una versión de este artículo aparece impresa el 13 de julio de 2019, Sección SR, página 10 de la edición de Nueva York con el titular: Todos los presidentes son deportadores en jefe.